Retos de los servicios sociales

La crisis de financiación de los servicios públicos ha puesto de actualidad el debate sobre la utilidad de los servicios sociales y ha dado lugar a campañas para defender la continuidad de los servicios comunitarios que promueven la cohesión social y la calidad de vida.

La gestión por parte de las corporaciones locales -que contribuye en términos de proximidad a la comunidad- se ha convertido en un elemento de vulnerabilidad, que se une a cierto desconocimiento por parte de la población de este tipo de prestaciones. Los ciudadanos tienen una experiencia directa de los servicios de salud y del sistema educativo. Sin embargo, no suelen conocer del mismo modo los servicios sociales comunitarios. Por eso se ha señalado que una menor concienciación sobre la necesidad de este tipo de servicios ha dificultado el «blindaje» de las prestaciones, en comparación con los recursos educativos o de salud, más asentados en la población. Del mismo modo, la percepción bastante generalizada de que se trata de un sistema que gestiona fundamentalmente prestaciones asistenciales en el ámbito de la exclusión social, ha dificultado en ocasiones el desarrollo de acciones de base comunitaria y la potenciación de las dinámicas participativas más claramente orientadas al cambio social.

En este contexto, la continuidad de los servicios sociales comunitarios se enfrenta a dos retos en la implementación de programas, que pueden contribuir a mejorar la eficiencia de las intervenciones:

• Gestión basada en resultados. Los programas de los servicios sociales comunitarios deben centrarse en la implementación de prácticas basadas en la evidencia. La obtención de resultados y la evaluación de la efectividad son criterios esenciales en la selección y el mantenimiento de programas. Se trata de llevar a cabo una gestión de los recursos que incentive el desarrollo comunitario y promueva la autonomía de los usuarios.
• Ajuste comunitario. La participación social es un eje central en la implementación de este tipo de servicios. El control comunitario y el desarrollo de coaliciones mejoran la efectividad, la pertinencia y la continuidad de las acciones a nivel local. Los servicios sociales deben ser sensibles a los perfiles de preparación comunitaria de cada contexto local. Se trata de un enfoque de actuación que favorece la implicación y la co-responsabilidad de los ciudadanos.

10 razones para potenciar los servicios sociales comunitarios

10 Razones desde la sociedad civil para mantener las competencias municipales y potenciar los servicios sociales comunitarios como generadores de empleo. Así se denomina esta circular promovida por profesionales del ámbito de los servicios sociales y que trata de poner de relieve la contribución económica, laboral y de bienestar social que realizan los servicios sociales comunitarios bajo la titularidad municipal.

Los argumentos emplean el servicio de ayuda a domicilio como caso práctico, donde cabe señalar aspectos como la proximidad de los servicios, el incremento de la cobertura, su profesionalidad y los avances en la accesibilidad hacia la población más vulnerable.

El documento puede consultarse en fuentes como el Colegio Oficial de Trabajo social de Burgos o en el perfil de Facebook del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla, donde cita a la Sociedad Española de Geriatria y Gerontología como autora del argumentario, y que presentamos a continuación:

1. El servicio social público municipal más importante a nivel de volumen económico y empleo es el servicio de ayuda a domicilio, que genera actualmente una actividad económica en el sector privado (mercantil y no mercantil) de más de 1.000 millones de euros (vía concurso público).
2. El sector de servicios sociales municipales dentro de los servicios de atención a personas, es un gran generador de empleo local (urbano y rural). Solo en ayuda a domicilio, actualmente la administración local genera para el sector privado (mercantil y no mercantil) más de 150.000 puestos de trabajo.
3. En el año 2012 se han convocado más de 250 concursos públicos de ayuda a domicilio, con un importe económico anual de más de 600 millones de euros.
4. El retorno económico para el Estado es superior al 50% del gasto en servicios sociales intensivos en mano de obra (por el IRPF, Seguridad Social, IVA e impuestos de sociedades, entre otros).
5. El empleo que genera la atención a personas dentro de los servicios sociales, es un empleo estable y no deslocalizable.
6. El sector de servicios sociales es clave en la generación de empleo femenino. Más del 70% de los trabajadores actuales son mujeres.
7. En la actualidad hay más de 600.000 personas usuarias que se benefician del servicio de ayuda a domicilio, tanto dentro de la red de servicios sociales para personas frágiles, como dentro del sistema de la dependencia.
8. La administración más cercana al ciudadano es la local. Los factores que más valoran las personas, son la proximidad, disponer de los recursos y soportes para poder seguir viviendo en su entorno o domicilio.
9. El papel actual de los técnicos municipales en el control, altas y bajas de personas usuarias y seguimiento de los servicios y programas sociocomunitarios, es muy importante.  Si se concentra la contratación de los servicios en las Comunidades Autónomas, éstas no tienen la infraestructura ni capacidad actual inspectora, para realizar el seguimiento de este tipo de servicios. Esto implicaría quitar de un lugar, para poner en otro.
10. El propio sector privado, considera que dentro del buen modelo actual de gestión privada de servicios de titularidad pública, la proximidad del cliente de la administración local, es muy importante para los servicios sociocomunitarios y domiciliarios, dado el volumen de personas atendidas y la dispersión y variedad de los servicios.

Sobre la marea naranja

Estas actividades de defensa del Estado del Bienestar vienen a sumarse al conjunto de iniciativas enmarcadas en la conocida como Marea Naranja, un fenómeno de protesta y conciencia social en el que profesionales de los servicios sociales,  asociaciones y entidades de la sociedad civil se han unido en sus reivindicaciones por proteger el sistema de atención social [ver aquí]