El manual ofrece una revisión sistemática de los programas comunitarios que resultan efectivos en la prevención de problemas sociales:
«En este libro se analiza qué funciona en la prevención comunitaria. Siguiendo la tradición de investigación-acción de Kurt Lewin, se examina de manera sistemática cuáles son las prácticas basadas en la evidencia que funcionan de manera efectiva en diferentes contextos sociales. Cada problema social requiere de intervenciones específicas y los resultados dependen en parte del sistema comunitario receptor. En la primera parte, se revisan las características de los programas efectivos y el tipo de estrategias psicosociales que se han mostrado ejemplares en la prevención de la violencia, la delincuencia, la exclusión social, el abuso de drogas, el desempleo y otros problemas sociales. En la segunda parte, se realiza una recopilación de casos de intervención psicosocial efectiva. Con una guía de análisis de programas psicosociales en diez preguntas, se presentan intervenciones para la prevención de embarazos no deseados, la rehabilitación de personas sin hogar, la prevención del abandono escolar, la orientación laboral, la reinserción de niños de la calle, la prevención del sida y la promoción del voluntariado, entre otras necesidades sociales. Finalmente, se desarrolla una visión comparada de los factores de riesgo y protección, que contribuye a sistematizar las prácticas de intervención efectivas.»
El libro tiene una parte teórica de introducción a la intervención comunitaria y una parte práctica con casos de intervención comentados:
Una introducción a la psicología de la intervención social y comunitaria.
¿Qué es la intervención comunitaria?
¿Qué resulta efectivo en la prevención?
¿Qué programas pueden servir de modelos para la intervención?
¿Por qué es importante la implementación?
Recapitulación. La comunidad en el centro de la implementación de programas.
Casos prácticos de intervención comunitaria.
Está pensando como un manual práctico para estudiantes de psicología o trabajo social (y profesionales de la intervención en general). Pero no es solo un libro de texto. Está estructurado de forma que se revisan hasta 16 problemas sociales diferentes y se identifican cuáles son las estrategias comunitarias efectivas en cada caso. El resultado es una visión sistemática de qué estrategias psicosociales funcionan para afrontar cada problema social en los contextos específicos de intervención.
La entrada de menores inmigrantes que llegan solos a Estados Unidos a través de México se ha convertido recientemente en asunto de debate público. Aunque no es novedoso el heho de que los niños crucen la frontera en ocasiones solos, en los últimos años ha aumentado el número de niños centro-americanos no mexicanos. Mientras que con México existe un acuerdo que facilite la repatriación inmediata, con el resto de países se ven obligados a seguir el protocolo de protección especial a la infancia.
Los niños inmigrantes requieren atención a sus necesidades especiales, voluntariado bilingüe y trabajo con las familias. Actualmente la red intenta responder a las siguientes necesidades:
Representación legal.
Gestión de casos.
Servicios médicos, intervención psicosocial y planificación familiar.
Atención educativa, y enseñanza del inglés como segunda lengua.
Prevención de la violencia, adicciones y pertenencia a bandas.
Comunicación con los medios sobre el tratamiento que se da al tema.
Todas estas actividades se benefician de la formación de una coalición de servicios que afronta colectivamente las necesidades de los menores, atendiendo simultáneamente al bienestar de los inmigrantes y la prosperidad de la comunidad receptora.
Conoce el trabajo de la red de servicios para inmigrantes en la siguiente página [ISNA] y en la presentación incluida en esta entrada.
Con un fuerte énfasis en la justicia social, la psicología comunitaria hace uso de la investigación orientada a la acción para guiar los programas comunitarios y las políticas que promueven el bienestar. Se centra en los individuos en sus contextos sociales, con el fin de prevenir los problemas antes de que ocurran.
Los psicólogos comunitarios trabajan para aumentar la capacidad de las comunidades para hacer frente a problemas fundamentales, y promover el empoderamiento de las personas marginadas como socios de la investigación. Utilizan métodos científicos para estudiar cómo se implementan los programas y las políticas, y para evaluar su impacto.
Trabajan para mejorar los sistemas sociales y desarrollar programas que se basan en las fortalezas y los valores culturales. Los psicólogos comunitarios trabajan en universidades, agencias gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro y empresas de consultoría.
La psicología comunitaria tiene por objeto reducir la opresión a través de la investigación, la promoción, la organización comunitaria y el cambio político. Aprende más sobre el tema en scra27.org y descubre cómo puedes marcar la diferencia.
Hoy 2 de abril se ha presentado el libro “Segregación urbana y exclusión social. El paradigma Polígono Sur” de Francisco José Torres Gutiérrez en la Oficina de la Comisionada para el Polígono Sur.
Este trabajo analiza las dinámicas de la pobreza, la marginación y la exclusión social en el contexto urbano de Sevilla, mostrando cómo todos ellos convergen en el caso del Polígono Sur.
En la investigación destacan como contribuciones originales (a) la descripción de la conformación de las desigualdades urbanas en Sevilla a lo largo de la historia y (b) la tipología de barrios desfavorecidos. Esto proporciona (c) un marco de referencia para entender el caso paradigmático del Polígono Sur y (d) aporta observaciones de interés para ajustar las estrategias de intervención a los contextos de marginación específicos.
Del casco antiguo al ensanche, la autoconstrucción y los polígonos
El relato histórico permite entender la estructura de la ciudad actual a partir de su emplazamiento geográfico y las diferentes etapas de crecimiento urbano. Sevilla se organiza en torno al Guadalquivir, que cruza la ciudad de norte a sur, y el eje este-oeste subregional de la carretera de Alcalá de Guadaíra a Huelva. Los elementos neurálgicos y simbólicos se concentran en la mitad sur del casco antiguo, que en los momentos de mayor auge de la ciudad –cuando es un nodo central en las redes de comercio internacional del Siglo XVI- aglutina los espacios de poder político, religioso y económico.
Desde el núcleo histórico, Sevilla crece a lo largo del siglo XX (a) a partir de los ensanches en barrios burgueses y residenciales, (b) con núcleos de auto-construcción en el extrarradio y (c) con barriadas de promoción pública y polígonos de viviendas sociales.
A partir de este relato se puede reconocer la conversión de algunos barrios en museos (Santa Cruz), los procesos de gentrificación (Triana), el papel de barrera de las vías del tren (actualmente entre Bami y Polígono Sur, antes en San Bernardo), la existencia de fronteras socio-geográficas como la Ronda del Tamarguillo, o la aparición de urbanizaciones cerradas en la periferia de la ciudad.
Cinco tipos de barrios
El estudio distingue cinco tipos de barrios desfavorecidos, que agrupan en categorías las diferencias sociales y territoriales más significativas:
Arrabales del casco histórico. Con población envejecida y viviendas antiguas, pocas zonas verdes y congestión. El precio del suelo y el turismo influyen en las dinámicas de gentrificación, su conversión en museos o la degradación física. Es el caso del entorno de la Alameda y algunas zonas de Triana y San Roque.
Núcleos de autoconstrucción. Levantados en suelo rústico a partir de oleadas de inmigrantes rurales. Con deficiencias en infraestructura. Sus orígenes han conformado un espacio social cohesivo e integrado, con un fuerte sentido de pertenencia, que se traduce en capacidad de resistencia y de adaptación. Por ejemplo, el Cerro del Águila, la Bachillera o los Carteros.
Asentamientos mixtos del extrarradio. A medio camino de los núcleos de autoconstrucción y las barriadas de promociones públicas. Emplazados en vías de comunicación de salida de la ciudad. Mezclan usos rurales originales con ubicación de “casas baratas” más tarde. Por la necesidad de reivindicar recursos y la atención a sus necesidades, cuentan con tradición de organización vecinal y participación comunitaria. Es el caso de San Jerónimo, Torreblanca y Bellavista.
Barriadas de promociones públicas. Construidas como unidades homogéneas y autónomas, ahora antiguas y deterioradas. Coincide una gran densidad poblacional con pocos lugares de encuentro. Suelen padecer problemas de desempleo, desestructuración familiar, abuso de drogas. Constituida por población originalmente pobre. Con cierta cultura de barrio popular. Han recibido un porcentaje significativo de inmigración reciente. Es el caso de Amate, Juan XXIII y Tres Barrios.
Polígonos de viviendas sociales. Edificios en altura, con pocos espacios para la vinculación comunitaria y formados por colectivos realojados, desplazados e inmigrados. Los edificios existen antes que las relaciones entre vecinos y se convierten en “contenedores” de población excedente. El diseño urbano se traduce en falta de percepción de control por los habitantes, pocos espacios públicos o lugares de encuentro y falta de referentes simbólicos o de una historia compartida. Es el caso del Polígono San Pablo (con mejores indicadores de sociabilidad e identidad positiva), el Polígono Norte y el Polígono Sur.
Una de las virtualidades de esta tipología es adaptar la intervención social a las peculiaridades de cada contexto comunitario. Por ejemplo, en el libro se relata cómo la misma estrategia de cerramiento de los bajos de los bloques –para incidir en la delincuencia y el tráfico de drogas- dio lugar a resultados diferentes en el Polígono Sur y en el Polígono Norte. Las condiciones de la población configuran contextos de preparación comunitaria diferentes que hacen que una misma acción no resulte igualmente efectiva.
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluzha presentado recientemente el informe sobre la situación de los enfermos mentales en Andalucía. El documento comienza con una breve reseña a la reforma psiquiátrica que hizo evolucionar durante la década de los 70 y 80 la atención a la salud mental desde la lógica de la beneficencia hacia un enfoque integral más de tipo comunitario, orientado hacia valores como la calidad de vida, la autonomía o la participación, entre otros.
El informe alerta sobre la prevalencia de trastornos mentales de diversa consideración (por ejemplo, un 6,4% de la población europea, 6,2% en España, sufre anualmente algún tipo de trastorno de ansiedad.
Posteriormente, describe el conjunto de políticas públicas, recursos y servicios de salud que atienden la prevención, el tratamiento y otras áreas integrales (familia, educación, empleo, etc.) de las personas con enfermedad mental y su entorno más próximo. El documento destaca el papel que entidades públicas como FAISEM así como iniciativas de la sociedad civil como FEAPShan desempeñado en la configuración y mejora de los servicios de atención sanitaria e integración social.
De manera más específica, el informe llama la atención sobre el riesgo de vulnerabilidad en tres grandes bloques: (1) la situación de los menores institucionalizados; (2) las dificultades de atender la salud mental en contextos de privación de libertad (prisiones); y (3) la vulnerabilidad de familiares y la propia sociedad civil organizada ante el contexto generalizado de recortes en la provisión de recursos asistenciales en España.
Situación actual
El informe cita conclusiones de encuentros de Oficinas de Defensores del Pueblo de diferentes comunidades autónomas, donde se debatieron problemáticas similares y se identificaron los siguientes déficits:
Alto grado de estigmatización de la población, que dificulta la integración social de la población con enfermedad mental.
Escasez de información sobre los derechos, deberes, servicios, recursos y prestaciones que ofrecen las diferentes comunidades autónomas (fundamentalmente los sistemas social y sanitario)
Insuficiencia de programas diseñados desde un enfoque integral y multidisciplinar.
Retrasos en la emisión de diagnósticos e inicio de tratamientos. En ciertas comunidades, se observan demoras especialmente sensibles en prestaciones asociadas a la dependencia.
Desigualdad en el acceso a recursos en zonas rurales respecto a entornos urbanos.
En algunos casos, se han observado dificultades en el acceso a información de expedientes, valoraciones e historias clínicas.
Problemas de coordinación de servicios públicos, en casos, por ejemplo, en los que la enfermedad mental esté asociado a otras patologías como adicciones a sustancias (tratadas por el sistema de atención a drogodependencias).
Sugerencias y recomendaciones
Las propuestas de futuro se presentan de acuerdo con los siguientes bloques temáticos:
De carácter general: Creación de una comisión asesora independiente que realice una cartera de recursos públicos, estudie su suficiencia y viabilidad. Elaboración de estudios de investigación epidemiológicos y de percepciones sobre la salud mental. Elaboración de un estatuto o carta de derechos de las personas afectada por trastornos mentales. Reforzamiento de las políticas de prevención y promoción, especialmente en aquellos grupos sociales y contextos de riesgo. Incremento de las estructuras y servicios de atención social y sanitario. Mejora de la capacidad de coordinación intrainstitucional e interinstitucional. Incremento de las medidas de apoyo y acompañamiento domiciliario.
De carácter sanitario: Ampliar el catálogo de procesos asistenciales integrados, el de subprocesos y el de las guías de práctica clínica. Promover la atención comunitaria (tratamiento asertivo comunitario, intervenciones en medio abierto, etc.) Mejorar la formación específica de los profesionales de atención primaria e infantil, así como en niveles especializados (MIR, PIR, etc).
De carácter social: Atención específica residencial. Mejorar la formación de los equipos de valoración de la dependencia en materia de salud mental.
Propuestas específicas: En relación a la población infanto-juvenil, se recomienda una mejora en la adecuación de los servicios de acceso a la población, priorizando los tratamientos psicoterapéuticos sobre los farmacológicos. Especial atención a los trastornos de la conducta alimentaria, de déficit de atención e hiperactividad, de la personalidad y trastornos del espectro autista. En relación a personas en riesgo de exclusión, se recomienda desarrollar programas específicos de intervención en medio abierto, así como una mayor coordinación entre los servicios de salud mental y de atención a drogodependencias. En relación a patologías duales, crear plazas de internamiento y contención. En casos de internos en centros penitenciarios, favorecer una mayor coordinación entre los servicios de salud mental, social y penitenciarios antes, durante y después de la estancia en prisión. En relación a la incapacitación y tutela: Priorizar medidas alternativas a la incapacitación y reforzar el control institucional del ejercicio de la tutela. En relación a los movimientos asociativos: Creación de marcos estables de financiación y participación de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de atención a la salud mental.
Para saber más
Algunos informes citados en el documento están disponibles en formato abierto. En su mayoría han sido editadas por la Junta de Andalucía:
Derechos Humanos y Salud Mental en Andalucía. [ver aquí].
Guía de intervención en procesos de jurisdicción civil relativos a personas con discapacidad derivadas de distintos tipos de problemas psíquicos [ver aquí]
Intervenciones de promoción y protección de la salud general dirigidas a personas con trastorno mental grave.[ver aquí].
Centros de protección de menores en situación de desamparo que presentan trastornos de conducta en Andalucía. [ver aquí].
Guía para la elaboración de un programa de atención a las personas en situación de sin hogar y que presentan asociado un trastorno mental grave. [ver aquí]
La gestión por parte de las corporaciones locales -que contribuye en términos de proximidad a la comunidad- se ha convertido en un elemento de vulnerabilidad, que se une a cierto desconocimiento por parte de la población de este tipo de prestaciones. Los ciudadanos tienen una experiencia directa de los servicios de salud y del sistema educativo. Sin embargo, no suelen conocer del mismo modo los servicios sociales comunitarios. Por eso se ha señalado que una menor concienciación sobre la necesidad de este tipo de servicios ha dificultado el «blindaje» de las prestaciones, en comparación con los recursos educativos o de salud, más asentados en la población. Del mismo modo, la percepción bastante generalizada de que se trata de un sistema que gestiona fundamentalmente prestaciones asistenciales en el ámbito de la exclusión social, ha dificultado en ocasiones el desarrollo de acciones de base comunitaria y la potenciación de las dinámicas participativas más claramente orientadas al cambio social.
En este contexto, la continuidad de los servicios sociales comunitarios se enfrenta a dos retos en la implementación de programas, que pueden contribuir a mejorar la eficiencia de las intervenciones:
Gestión basada en resultados. Los programas de los servicios sociales comunitarios deben centrarse en la implementación de prácticas basadas en la evidencia. La obtención de resultados y la evaluación de la efectividad son criterios esenciales en la selección y el mantenimiento de programas. Se trata de llevar a cabo una gestión de los recursos que incentive el desarrollo comunitario y promueva la autonomía de los usuarios.
Ajuste comunitario. La participación social es un eje central en la implementación de este tipo de servicios. El control comunitario y el desarrollo de coaliciones mejoran la efectividad, la pertinencia y la continuidad de las acciones a nivel local. Los servicios sociales deben ser sensibles a los perfiles de preparación comunitaria de cada contexto local. Se trata de un enfoque de actuación que favorece la implicación y la co-responsabilidad de los ciudadanos.
10 Razones desde la sociedad civil para mantener las competencias municipales y potenciar los servicios sociales comunitarios como generadores de empleo. Así se denomina esta circular promovida por profesionales del ámbito de los servicios sociales y que trata de poner de relieve la contribución económica, laboral y de bienestar social que realizan los servicios sociales comunitarios bajo la titularidad municipal.
Los argumentos emplean el servicio de ayuda a domicilio como caso práctico, donde cabe señalar aspectos como la proximidad de los servicios, el incremento de la cobertura, su profesionalidad y los avances en la accesibilidad hacia la población más vulnerable.
El servicio social público municipal más importante a nivel de volumen económico y empleo es el servicio de ayuda a domicilio, que genera actualmente una actividad económica en el sector privado (mercantil y no mercantil) de más de 1.000 millones de euros (vía concurso público).
El sector de servicios sociales municipales dentro de los servicios de atención a personas, es un gran generador de empleo local (urbano y rural). Solo en ayuda a domicilio, actualmente la administración local genera para el sector privado (mercantil y no mercantil) más de 150.000 puestos de trabajo.
En el año 2012 se han convocado más de 250 concursos públicos de ayuda a domicilio, con un importe económico anual de más de 600 millones de euros.
El retorno económico para el Estado es superior al 50% del gasto en servicios sociales intensivos en mano de obra (por el IRPF, Seguridad Social, IVA e impuestos de sociedades, entre otros).
El empleo que genera la atención a personas dentro de los servicios sociales, es un empleo estable y no deslocalizable.
El sector de servicios sociales es clave en la generación de empleo femenino. Más del 70% de los trabajadores actuales son mujeres.
En la actualidad hay más de 600.000 personas usuarias que se benefician del servicio de ayuda a domicilio, tanto dentro de la red de servicios sociales para personas frágiles, como dentro del sistema de la dependencia.
La administración más cercana al ciudadano es la local. Los factores que más valoran las personas, son la proximidad, disponer de los recursos y soportes para poder seguir viviendo en su entorno o domicilio.
El papel actual de los técnicos municipales en el control, altas y bajas de personas usuarias y seguimiento de los servicios y programas sociocomunitarios, es muy importante. Si se concentra la contratación de los servicios en las Comunidades Autónomas, éstas no tienen la infraestructura ni capacidad actual inspectora, para realizar el seguimiento de este tipo de servicios. Esto implicaría quitar de un lugar, para poner en otro.
El propio sector privado, considera que dentro del buen modelo actual de gestión privada de servicios de titularidad pública, la proximidad del cliente de la administración local, es muy importante para los servicios sociocomunitarios y domiciliarios, dado el volumen de personas atendidas y la dispersión y variedad de los servicios.
Estas actividades de defensa del Estado del Bienestar vienen a sumarse al conjunto de iniciativas enmarcadas en la conocida como Marea Naranja, un fenómeno de protesta y conciencia social en el que profesionales de los servicios sociales, asociaciones y entidades de la sociedad civil se han unido en sus reivindicaciones por proteger el sistema de atención social [ver aquí]
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La Editorial Pirámide ha publicado el libro «Qué funciona en la prevención comunitaria. Casos de intervención psicosocial efectiva«, coordinado por Isidro Maya Jariego y Daniel Holgado Ramos.
E-Voluntas 