Los Programas de Transferencia Condicionada (TCE) son un conjunto de iniciativas cuyo objetivo fundamental es la reducción de la pobreza y los efectos asociados a la misma a medio y largo plazo. La idea es simple: ofrecer incentivos monetarios a las familias en situación de pobreza a cambio de que inviertan en capital social y humano, por ejemplo, llevando a sus hijos a centros de salud, a la escuela u otras instituciones públicas y de atención y protección social.
Es decir, los programas, más allá de tratar de romper una situación actual de pobreza que suele ser compleja, con una naturaleza multicausal y necesitada de una intervención integral, sirven como estrategias de prevención primaria, para evitar la perpetuación de este problema en sucesivas generaciones, mediante el fomento de la inversión en los hijos e hijas de estas familias y asegurando unas condiciones mínimas de educación, salud y nutrición. Evidentemente, el ofrecimiento de un recurso económico tiene consecuencias positivas en la economía familiar, sin embargo, los objetivos de los programas van más allá del concepto de subsidio, tratando de movilizar a la familia para que pueda superar su situación de pobreza.
Los TCE han tenido una amplia difusión en América Latina, sirviendo principalmente Colombia, México y Brasil como modelos para su aplicación en otros países de la zona. Además ha sido ampliamente analizados desde instituciones como el Banco Mundial y han sido valorados por medios de comunicación como The Economist, lo que ha permitido su difusión en los últimos años a otras partes del mundo.
TCE y Trabajo Infantil
Respecto al trabajo infantil, se ha debatido bastante acerca del impacto que este tipo de programas de incentivos ha tenido sobre la reducción del trabajo infantil. Por ejemplo, en una nota de hace unos meses en la Red LACTI, Carla Cueva, Ex-viceministra de Desarrollo Social en Honduras, apunta a que es la condicionalidad asociada a las ayudas recibidas, lo que hace que la familia tome conciencia de que la educación, la salud y el desarrollo de sus hijos e hijas es una inversión de futuro para ellos. Apunta además a que existen evidencias de que la aplicación de este tipo de programas, aun cuando no lo tenga entre sus objetivos, consigue reducir las tasas de trabajo infantil en aquellas zonas en las que se aplica.
Una de las ideas subyacentes a este efecto es que el aumento de la participación en actividades escolares, provoca una disminución de la dedicación a actividades laborales. Aunque en este caso solamente se menciona el aumento de la escolarización y no la mejora de la experiencia y la calidad educativa, es evidente que tendrá un efecto protector sobre la dedicación al trabajo, tal y como hemos apuntado en otras ocasiones.
La constatación del éxito de los TCE sobre el trabajo infantil debe tener en cuenta no obstante la complejidad de este problema. Es evidente que un aumento de la escolarización de los niños y niñas tendrá un efecto protector respecto al trabajo infantil, pero se debe partir de la base de que en pocos casos los objetivos de estos programas se traducen en una mención explicita al compromiso de la retirada de los niños y niñas de las actividades laborales. Normalmente se han centrado en la salud y la educación, como elementos de inversión en capital humano, que tendrán una repercusión positiva a medio y largo plazo en diversas esferas de sus vidas.
En este sentido, se ha apuntado a que la efectividad de los programas de transferencia de efectivo sobre el trabajo infantil, dependerá de su vinculación a otras estrategias como el aumento de la calidad de los servicios educativos (desde el momento en que mejora la experiencia educativa del menor que ejerce un efecto de atracción hacia el centro educativo), la creación de programas extracurriculares (que complementeny refuercen la enseñanza en la escuela, como los Espacios para Crecer (pdf) del Programa «Edúcame Primero Colombia») o la creación de intinerarios educativos adecuados a las diferencias individuales y culturales (y que tengan en cuenta la adecuada inserción laboral de los adolescentes que finalicen la enseñanza obligatoria, como en el caso de los Espacios para Emprender).
El Programa «Familias en Acción» en Colombia
En Colombia, la aplicación de esta estrategia se realiza a través del programa «Familias en Acción». Este programa está dirigido a familias registradas en el sistema SISBEN, a familias desplazadas y familias indígenas. El funcionamiento es similar al de otros países: se otorgan incentivos económicos a la familia, en función de la adopción de compromisos relacionados con la educación y la salud de los hijos e hijas. Precisamente el programa otorga dos tipos de subsidios. Un subsidio de salud para familias con hijos menores de 7 años (con el compromiso de acudir a los controles de salud establecidos) y un subsidio de educación (condicionado a la asistencia del hijo o hija al 90 por ciento de las clases en el centro escolar). El programa «Familias en Acción», incluye entre sus objetivos la facilitación y el reforzamiento de estrategias sectoriales, que, aunque no forman parte de los contenidos del programa, si se verán beneficiados por los incentivos condicionados. Las estrategias sectoriales mencionadas son la erradicación del trabajo infantil, la atención a la discapacidad, la atención integral a la primera infancia y la prevención del embarazo adolescente.
Éxito y futuro de los TCE
Los resultados positivos son claros en la aplicación de los programas de transferencia condicionada en los países latinoamericanos. En el caso de Colombia, Brasil y México se han alcanzado tasas de cobertura de la población en situación de pobreza de más del 50 por ciento. En el tiempo de aplicación, se han producido mejoras en la calidad de vida, en los indicadores de educación y de salud de la población beneficiaria de estos programas. Hay evidencias de impacto de los programas en la reducción del trabajo infantil en países como Nicaragua o México, aunque no existen en el caso de otros programas de gran cobertura y magnitud como en Colombia, Chile o Brasil. Incluso, los programas han ayudado a la bancarización y la regularización de la economía en muchos casos (debido a las transferencias bancarias de los incentivos) con el efecto del aumento de acceso al crédito y los servicios financieros de familias y comunidades excluidas socialmente.
Sin embargo, el éxito palpable en determinados indicadores puede hacer que se termine considerando a este tipo de programas como la panacea contra la pobreza y la exclusión social. De hecho, algunas de las críticas recientes que ha recibido este modelo de intervención tienen que ver con el sistema empleado y la carencia de objetivos complementarios. Por ejemplo, en algunos casos se plantea que se está institucionalizando un sistema de subsidios que puede generar en muchas familias una dependencia económica de estos fondos, al margen de los beneficios a largo plazo planteados. Por otro lado, en muchos casos, la carencia de objetivos específicos referidos a problemas derivados de la pobreza como el trabajo infantil, hace que en ocasiones se termine confiando demasiado en el impacto del programa derivado de la escolarización y la salud. Finalmente, algunas críticas se dirigen al intento de crear concienciación en las familias sobre la importancia de la educación y la salud de los hijos a base de incentivos monetarios sin ningún tipo de intervención complementaria.
De hecho, actualmente determinadas instituciones piensan que una continuación de la expansión de los TCE es innecesaria y que sería recomendable pasar a una segunda generación de TCE, en el que el impulso a la escolarización y la atención sanitaria (la cobertura) se vea acompañado también de la mejora en la calidad de los servicios, que como consecuencia de estos programas han visto aumentada su demanda, de forma que el impacto en la población de estos incentivos sea aun mayor.
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